Estamos en una crisis, económica, empresarial y, de rebote, sindical, una crisis que las direcciones de los sindicatos mayoritarios del sector financiero ni supieron encarar a tiempo ni fueron capaces de prever, probablemente porque la inercia de tantos años de tranquilidad y el conformismo de sus dirigentes tenía que desembocar en la parálisis y el desconcierto que se está manifestando ahora con toda su crudeza.
La situación alcanzó su punto de no
retorno cuando los dos grandes sindicatos mayoritarios de Liberbank –más
alguno poco significativo que ha ido de comparsa- avalaron con su
firma el primer acuerdo del sector que significa que los daños de la crisis la
paguen única y exclusivamente los trabajadores, tanto la parte de la
factura atribuida alegremente a los gastos de personal como la que se
puede adjudicar sin error a la mala gestión, nefasta en algunos casos significativos
y reiterada en otros, de los equipos directivos.
Y esto nos lleva a meditar acerca de la utilidad de unas teóricas organizaciones creadas en su origen para defender a los trabajadores: si los sindicatos están para resolver solo los problemas de las empresas haciendo recaer todo el peso solo en el lado trabajador y nada en los elementos que más culpa tienen en la crisis, sus administradores y directivos, ¿para qué nos sirven?
Este detalle, el tremendo error de
que los sindicatos mayoritarios santifiquen con su firma este desgraciado
acuerdo, tiene tanta importancia como para haber proporcionado a la Audiencia
Nacional la justificación de la aprobación casi total del ERTE de diciembre de
2013: si el 78% de la representación
sindical (CCOO, UGT y CSI-CSIF) ha firmado el acuerdo, quiénes son ellos para
rechazarlo a instancia de unos sindicatos minoritarios, a pesar de que de los
tres magistrados una de ellos se opuso a validarlo por considerar fantástica la
información económica en la que se basó la empresa para proponer las medidas de
ajuste.
Con unas medidas unilaterales
impuestas en un primer momento por decreto (mayo de 2013), pero que ya habían
sido anunciadas seis meses antes por Liberbank con todo detalle (tiempo
tuvieron los sindicatos firmantes para preparar la respuesta adecuada y no lo
hicieron), el banco sabe que la falta de acuerdo con los trabajadores le
llevará probablemente a la anulación judicial de las medidas, que van mucho más
allá de lo exigido por las autoridades europeas, por lo que busca afanosamente
ese pacto (la anulación del primer ERTE en realidad se dicta por falta de
negociación con una parte de los sindicatos, sin entrar en el fondo del
asunto), y lo consigue un mes después, con el acuerdo firmado a finales de
junio y ratificado en diciembre con CCOO y UGT, además de a última hora con el
residual CSI-CSIF.
La Unión Europea imponía a los bancos
españoles en esos momentos unas condiciones para recibir ayudas que implicaban
un ahorro de costes laborales determinados. A Liberbank le “tocan” 40
millones de euros de ahorro anual, traducidos en la reducción del equivalente a
666 empleos (FTE, full time employee). Lo que se firma, sin embargo, con CCOO y
UGT es el ahorro de dos veces y media esa cantidad: 100 millones de euros de
ahorro anual.
La gran pregunta es: ¿por qué?
Es la respuesta que los dos grandes sindicatos siguen sin dar. El único y reiterativo argumento que utilizan es que no se ha producido ningún despido, aunque solo con la política de traslados salvajes inaceptables para los afectados y la presión brutal a la que se somete a la plantilla el número de empleados se ha reducido en 376 desde la firma del ERTE en vigor, un 6,50% (datos a junio de 2014, la sangría de empleos sigue con los últimos traslados), eso sin contar lo que está por venir. Y un dato significativo: el ratio de eficiencia ha bajado del 49% (junio de 2013) al 35% (junio de 2014).
La gran pregunta es: ¿por qué?
Es la respuesta que los dos grandes sindicatos siguen sin dar. El único y reiterativo argumento que utilizan es que no se ha producido ningún despido, aunque solo con la política de traslados salvajes inaceptables para los afectados y la presión brutal a la que se somete a la plantilla el número de empleados se ha reducido en 376 desde la firma del ERTE en vigor, un 6,50% (datos a junio de 2014, la sangría de empleos sigue con los últimos traslados), eso sin contar lo que está por venir. Y un dato significativo: el ratio de eficiencia ha bajado del 49% (junio de 2013) al 35% (junio de 2014).
