DÓNDE estamos

Estamos en una crisis, económica, empresarial y, de rebote, sindical, una crisis que las direcciones de los sindicatos mayoritarios del sector financiero ni supieron encarar a tiempo ni fueron capaces de prever, probablemente porque la inercia de tantos años de tranquilidad y el conformismo de sus dirigentes tenía que desembocar en la parálisis y el desconcierto que se está manifestando ahora con toda su crudeza. 


La situación alcanzó su punto de no retorno cuando los dos grandes sindicatos mayoritarios de Liberbank –más alguno poco significativo que ha ido de comparsa-  avalaron con su firma el primer acuerdo del sector que significa que los daños de la crisis la paguen única y exclusivamente los trabajadores, tanto la parte de la factura  atribuida alegremente a los gastos de personal como la que se puede adjudicar sin error a la mala gestión, nefasta en algunos casos significativos y  reiterada en otros, de los equipos directivos. 

Y esto nos lleva a meditar acerca de la utilidad de unas teóricas organizaciones creadas en su origen para defender a los trabajadores: si los sindicatos están para resolver solo los problemas de las empresas haciendo recaer todo el peso solo en el lado trabajador y nada en los elementos que más culpa tienen en la crisis, sus administradores y directivos, ¿para qué nos sirven?


Este detalle, el tremendo error de que los sindicatos mayoritarios santifiquen con su firma este desgraciado acuerdo, tiene tanta importancia como para haber proporcionado a la Audiencia Nacional la justificación de la aprobación casi total del ERTE de diciembre de 2013: si el 78% de la representación sindical (CCOO, UGT y CSI-CSIF) ha firmado el acuerdo, quiénes son ellos para rechazarlo a instancia de unos sindicatos minoritarios, a pesar de que de los tres magistrados una de ellos se opuso a validarlo por considerar fantástica la información económica en la que se basó la empresa para proponer las medidas de ajuste.

Con unas medidas unilaterales impuestas en un primer momento por decreto (mayo de 2013), pero que ya habían sido anunciadas seis meses antes por Liberbank con todo detalle (tiempo tuvieron los sindicatos firmantes para preparar la respuesta adecuada y no lo hicieron), el banco sabe que la falta de acuerdo con los trabajadores le llevará probablemente a la anulación judicial de las medidas, que van mucho más allá de lo exigido por las autoridades europeas, por lo que busca afanosamente ese pacto (la anulación del primer ERTE en realidad se dicta por falta de negociación con una parte de los sindicatos, sin entrar en el fondo del asunto), y lo consigue un mes después, con el acuerdo firmado a finales de junio y ratificado en diciembre con CCOO y UGT, además de a última hora con el residual CSI-CSIF.



La Unión Europea imponía a los bancos españoles en esos momentos unas condiciones para recibir ayudas que implicaban un ahorro de costes laborales determinados. A Liberbank le “tocan” 40 millones de euros de ahorro anual, traducidos en la reducción del equivalente a 666 empleos (FTE, full time employee). Lo que se firma, sin embargo, con CCOO y UGT es el ahorro de dos veces y media esa cantidad: 100 millones de euros de ahorro anual.

La gran pregunta es: ¿por qué?


Es la respuesta que los dos grandes sindicatos siguen sin dar. El único y reiterativo argumento que utilizan es que no se ha producido ningún despido, aunque solo con la política de traslados salvajes inaceptables para los afectados y la presión brutal a la que se somete a la plantilla el número de empleados se ha reducido en 376 desde la firma del ERTE en vigor, un 6,50% (datos a junio de 2014, la sangría de empleos sigue con los últimos traslados), eso sin contar lo que está por venir. Y un dato significativo: el ratio de eficiencia ha bajado del 49% (junio de 2013) al 35% (junio de 2014).